El gobierno bonaerense, mediante el Decreto 390/2026 publicado en el Boletín Oficial, oficializó la implementación del boleto universal para estudiantes universitarios, terciarios y de formación profesional.
La recarga se realizará de manera automática en la tarjeta SUBE registrada. El sistema garantizará 45 viajes mensuales según la tarifa mínima local.
Protesta y logro
Luego de que estudiantes se manifestaran en la puerta del Ministerio de Transporte por la falta de aplicación del boleto estudiantil y el anuncio de una posible reducción en la cantidad de viajes, el Gobierno bonaerense estableció en el decreto que los beneficiarios recibirán una carga mensual de $35.375,40 (equivalente a 45 pasajes).
Se estima que la medida alcanzará a 376.850 beneficiarios en toda la provincia. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra la mayor cantidad de usuarios: 282.654 estudiantes recibirán una carga mensual de $32.482,35 por persona.
Disputa con Nación por los fondos
El sostenimiento del boleto se da en medio de un conflicto más amplio con Nación por la transferencia de recursos. La administración bonaerense reclama una deuda que supera los 2,2 billones de pesos, en el marco de una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada a fondos adeudados por la ANSES.
La presidenta de la FULP, Eugenia Sala, destacó que la resolución permite llevar certidumbre en un momento de incertidumbre económica y social.
Sala indicó que el boleto estudiantil es una herramienta central para sostener la permanencia en las carreras.
En ese sentido, también advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de estudio, con la pérdida de miles de becas del programa Progresar desde la asunción de Javier Milei.
La situación, señalaron, impacta directamente en la continuidad educativa de sectores vulnerables.
Funcionarios gubernamentales y tepresentantes estudiantiles coincidieron en la necesidad de sostener instancias de diálogo y trabajo conjunto para adaptar el Boleto Estudiantil a las nuevas condiciones económicas, en un contexto donde el acceso al transporte se volvió un factor determinante para garantizar el derecho a la educación.
